La reciente decisión del gobierno de Javier Milei de reducir temporalmente los derechos de exportación (retenciones) generó una mezcla de reacciones entre los diferentes actores del sector agropecuario. En entrevista con Valor Agregado Agro, Javier Rotondo, vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), analizó el impacto de esta medida y las implicancias que podría tener para el futuro del campo argentino.
“Esto comenzó hace unos 15 días, con la primera reunión de la Mesa de Enlace Nacional, donde trazamos una agenda que evidenciaba los desafíos de una campaña muy compleja. En ese contexto, decidimos llevar al Ministro de Economía una serie de puntos clave, siendo el reclamo por las retenciones el principal”, explicó Rotondo. La medida de reducción, aunque limitada en el tiempo, fue recibida como una “buena señal” por parte de las entidades que integran la Mesa de Enlace, aunque también ha suscitado dudas sobre sus alcances y motivos.
Una decisión con matices
Para CRA, la eliminación total de las retenciones es un reclamo histórico, fundamentado en el perjuicio que este impuesto genera sobre la competitividad del sector. Sin embargo, Rotondo destaca que la actual medida del gobierno, aunque insuficiente para muchos, es un primer paso hacia el objetivo final. “Entendemos las críticas de los sectores autoconvocados, pero como dirigentes, creemos en la necesidad de interactuar con el gobierno. Representamos a 16 confederaciones y 316 sociedades rurales, y nuestro mandato es trabajar hacia una eliminación definitiva de las retenciones, pero también entender los contextos y avanzar de manera gradual”, afirmó.
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La temporalidad de la medida, que está vigente hasta el 30 de junio, también generó interrogantes. Rotondo explicó que la decisión busca estimular la liquidación de remanentes en manos de productores y actores de la cadena de valor, en un intento por equilibrar las cuentas fiscales del gobierno. “Hoy, con una brecha cambiaria mucho menor y un plan económico más ordenado, el escenario es distinto al de medidas similares tomadas en gestiones anteriores, como el dólar soja. Esto podría generar mejores resultados”, señaló.
El futuro de las retenciones y la seguridad jurídica
Rotondo también enfatizó la necesidad de avanzar hacia un marco legal que garantice la eliminación definitiva de las retenciones. “No vemos a un gobierno retrocediendo en esta medida, sobre todo considerando el impacto que esto tendría en la confianza de los productores. A partir del 1 de julio, estamos convencidos de que debemos trabajar en una solución definitiva, que incluya un anclaje legal para evitar la discrecionalidad de futuros gobiernos”, aseguró.
La próxima reunión entre la Mesa de Enlace y el gobierno, prevista ahora para el 28 de febrero, será clave para discutir la “letra chica” de la medida y definir aspectos operativos, como los plazos para la liquidación por parte de los exportadores.
¿Un cambio de paradigma?
El sector agropecuario observa con atención el desarrollo de estas medidas, reconociendo que representan un avance, pero también exigiendo garantías de continuidad y profundidad en las reformas. “La reducción de retenciones es un paso adelante, pero el verdadero desafío es lograr un marco económico y jurídico que permita al agro desarrollarse plenamente, sin las ataduras de impuestos que atentan contra su competitividad”, concluyó Rotondo.
El debate sigue abierto, pero el mensaje es claro: el campo argentino espera que este sea el comienzo de un cambio estructural y definitivo, que deje atrás las políticas que han lastrado su potencial por años.
