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Según explicó Daniel Urcia, referente de la industria frigorífica y dirigente de FIFRA, el IPCVA y AFIC Córdoba, el cupo asignado a la Argentina será de 511 mil toneladas para 2026, con una vigencia de tres años. Todo el volumen que supere ese límite deberá afrontar un arancel del 55%, lo que en la práctica representa una fuerte restricción comercial.
“China resolvió concluir el proceso de salvaguardia estableciendo cuotas de importación para los principales países exportadores y reservando un cupo para terceros países. En el caso de Argentina, se asigna un cupo por tres años, iniciando en 2026 con 506 mil toneladas, y un arancel del 55% para las toneladas que ingresen por encima de ese volumen”, dijo a Valor Agregado Agro.
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Urcia aclaró que, si bien se trata de una medida restrictiva, está contemplada dentro de los procedimientos comerciales internacionales y fue aplicada conforme a las reglas vigentes por parte de China. El foco ahora está puesto en el plano interno.
El dirigente advirtió que el gran desafío será definir un mecanismo de distribución de la cuota que no genere distorsiones dentro de la industria frigorífica argentina.
“El caso puntual ahora para Argentina será establecer un mecanismo interno de acceso a esa cuota que no perjudique a ningún frigorífico y que tampoco genere concentración. Es una tarea difícil porque tenemos un contexto muy variado, con empresas que exportan regularmente y otras que están esperando la habilitación de China para comenzar a exportar”, señaló.
En ese sentido, Urcia remarcó que el mercado chino llegó a concentrar entre el 76% y el 77% del volumen exportado por la Argentina, lo que vuelve extremadamente sensible cualquier decisión sobre el reparto del cupo. “Será muy sensible cómo se establezca la fórmula para acceder a ese mercado sin lesionar derechos, tanto de las empresas que vienen exportando como de aquellas que quieren empezar y tienen habilitaciones pendientes desde hace tiempo”, agregó.
Finalmente, confirmó que el tema será abordado en los próximos días con la Secretaría de Agricultura, donde el sector privado buscará aportar su visión.“Será una tarea para resolver por la Secretaría de Agricultura, y desde el sector vamos a dar nuestra opinión seguramente la semana próxima”, concluyó.
