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Aunque los tres países comenzaron a legislar sobre biocombustibles en la década del 70, Estados Unidos, Brasil y Argentina desarrollaron industrias etanoleras con dinámicas muy diferentes. Mientras los dos primeros lideran el mercado global, Argentina muestra potencial productivo, pero con un crecimiento limitado por la inestabilidad regulatoria.
Estados Unidos se consolida como el principal productor y consumidor mundial de etanol, con una industria basada casi exclusivamente en el maíz. Produce más de 55.000 millones de litros por año y consume cerca del 93% de su producción, impulsado por el mandato obligatorio de mezcla del 10% en las naftas y por la existencia de combustibles como E15 y E85. Su fortaleza radica en la escala industrial, reglas de mercado claras y un fuerte comercio exterior.
Brasil ocupa el segundo lugar a nivel mundial, con una producción promedio cercana a los 25.000 millones de litros anuales, aunque en las últimas campañas superó los 30.000 millones. Su modelo se apoya principalmente en la caña de azúcar, con un corte obligatorio del 27% en las naftas, el más alto del mundo. Además, el programa RenovaBio incorporó incentivos ambientales mediante los Créditos de Descarbonización (CBIOs), fortaleciendo la competitividad del sector y su integración con la agenda climática.
Argentina, en cambio, produce alrededor de 800 millones de litros por año y destina casi la totalidad de ese volumen al mercado interno para cumplir con el corte obligatorio del 12%. Cuenta con 18 plantas distribuidas en seis provincias, que utilizan caña de azúcar y maíz como materias primas. Si bien el etanol de maíz es más eficiente en términos de rendimiento, la industria nacional enfrenta márgenes ajustados, precios regulados, escasa inserción exportadora y un marco normativo que genera incertidumbre para nuevas inversiones.
El análisis comparativo muestra que tanto Estados Unidos como Brasil lograron consolidar su desarrollo mediante políticas estables, mercados amplios y señales económicas claras. Argentina, pese a su menor escala, tiene un fuerte potencial para agregar valor al maíz y la caña, generar empleo regional y avanzar en la descarbonización de la matriz energética, siempre que logre un marco regulatorio previsible y de largo plazo.
