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En declaraciones a LV16 Radio Río Cuarto, en una nota realizada por Julián Colomo y Fabián Petenatti, Carlos Lanser aseguró que el procedimiento fue “inconstitucional”, denunció graves irregularidades en el operativo y sostuvo que los animales retirados son de su propiedad, con documentación y trazabilidad plenamente respaldadas.
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Por supuesto que las versiones de redes sociales son “ilimitadas”, en algunos casos absurdas. Desde Valor AGregado Agro nos basaremos en las versiones oficiales, ejemplo la del Ministro de Seguridad de Córdoba y en la propia palabra de “un supuesto acusado de encubrimiento”, Carlos Lanser, que interpretando su palabra parece ser un damnificado y no un encubridor.
La empresa no es nueva en el rubro ganadería, ni muchos menos desconocida. Cuenta con 87 años de trayectoria, son ganaderos pero también representantes de la firma SUNRA ( motos eléctricas), entre algunas de las unidades de negocios. Por supuesto que como todas las empresas de este país en algún momento la pasaron mal, pero es gente de pueblo, Coronel Moldes, a pocos km de Río Cuarto, y en la jerga pueblerina se dice: “todos nos conocemos”, y no abundan los malos comentarios a esta empresa y mucho menos a quien en Moldes conocen como “al Lobo Lanser”, un buen tipo.
El operativo se llevó adelante mediante un exhorto judicial entre La Pampa y Córdoba, con intervención de la Policía Judicial cordobesa, la UR9 y finalmente la Patrulla Rural Sur. Desde la fiscalía pampeana se indicó que los animales secuestrados estarían vinculados a una estafa denunciada en 2025, por un monto cercano a los 800 millones de pesos (aunque en portales pampeanos dicen 2 mil millones), en la que una empresa habría entregado cheques sin fondos a cambio de más de mil cabezas de ganado.
La maniobra fue denunciada en mayo de 2025 y tuvo como víctima a la firma pampeana de Rancul, San Jorge Cereales y Hacienda SA. Los “supuestos estafadores”, Iván Fiorini y Ana Paula Courreges, fueron imputados por el la justicia Pampena. Una pareja oriunda de General Pinto, Buenos Aires, representantes de la firma San Pablo Oeste SA, quienes tuvieron prisión preventiva domiciliaria en General Pico y ahora están en libertad, bajo la observación de la fiscalía interviniente, informa el portal pampeano infohuella.
Luego de este periplo, la Unidad Departamental de Policías de Río Cuarto y la Patrulla Rural Sur dieron accionar al petitorio judicial pampeano, respondiendo a las órdenes de Matías Juan, y procedieron al decomiso y traslado de los animales a un establecimiento de San Luis. En este sentido, el consignatario titular del campo-feedlot, ubicado en Chaján (cercano a Río Cuarto) dijo: “No se verificó marca ni caravana”.
Por ello, Carlos Lanser centró su legítima defensa en la forma en que se ejecutó el procedimiento. Según relató, durante el retiro de los animales no se controló la marca, ni las caravanas, ni la identificación individual, a pesar de que la hacienda contaba con tres sistemas de identificación: dos oficiales de SENASA y uno propio de la firma, utilizado para garantizar trazabilidad total.
“No tenemos registro de qué animales salieron del campo porque no nos dejaron verificar nada. Está todo filmado. Es como si entran a tu casa a buscar tres televisores y se llevan dos camas”, ejemplificó. Además, remarcó que la propia orden judicial indicaba la necesidad de verificar número de caravana y marca, algo que —según afirmó— no se cumplió. “Eso invalida el procedimiento. Es una violación directa a la propiedad privada”, sostuvo.
El consignatario apuntó directamente contra el modo en que se llevó adelante el operativo y apeló a la intervención del ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, quien se expresó públicamente sobre el caso. “Apelo a la buena voluntad del ministro porque se procedió muy mal. No hablo de la policía rural local, sino de quienes ejecutaron el procedimiento. Fue un avasallamiento total”, remarcó.
Lanser confirmó que ya se presentó toda la documentación tanto en la Justicia de Córdoba como en la de La Pampa, incluyendo papeles respaldatorios y trazabilidad completa de la hacienda, y que se solicitó formalmente la restitución inmediata de los animales.
Otro punto clave fue la aclaración de que su firma también fue víctima de la empresa investigada. “Fuimos damnificados en más de 700 millones de pesos, igual que otras veinte o treinta casas consignatarias del país”, explicó, descartando cualquier rol de encubrimiento. En ese sentido, negó de manera tajante las versiones que circularon en algunos medios pampeanos, donde se lo menciona como presunto encubridor de los imputados, albergando animales para su posterior engorde y venta. “Eso es absolutamente falso. No pueden sostenerlo porque nunca verificaron la marca de los animales que se llevaron”, afirmó.
Lanser también manifestó su preocupación por el destino de la hacienda, que fue trasladada a un predio en Fortuna, San Luis. Según explicó, ese lugar no tendría la capacidad necesaria para albergar más de mil animales. “Un animal necesita entre 18 kilos de materia seca y 30 a 40 litros de agua por día, con estos calores. No están dadas las condiciones. Esto también genera un perjuicio enorme”, advirtió.
Desde la Fiscalía General de General Pico, el fiscal adjunto Matías Juan explicó que el secuestro de animales se realizó en el marco de una causa iniciada en mayo del año pasado por una estafa . Según detalló, la empresa denunciante habría perdido más de 1.100 cabezas de ganado tras operaciones realizadas con cheques sin fondos.
“La denuncia se presentó luego de que la firma afectada no pudiera cobrar ni recuperar los animales, ni ser reparada en el daño económico padecido”, explicó el funcionario dijo al portal Infohuella de La Pampa.
“El procedimiento fue exitoso y se logró secuestrar mil sesenta animales, entre vacas, vaquillonas, animales preñados y toros, que fueron recuperados a favor de la víctima”, señaló el fiscal.
En ese marco, Juan sostuvo que la investigación, desarrollada durante varios meses y con informes previos del SENASA, permitió detectar movimientos considerados sospechosos. “A partir del avance de la causa y con la colaboración de los damnificados, advertimos maniobras compatibles con un posible encubrimiento”, al referirse a la presencia de la hacienda en un establecimiento rural de Lanser.
Según la hipótesis que investiga la fiscalía pampeana, los animales habrían sido resguardados en ese campo luego de haber sido obtenidos de manera ilícita por los autores de la estafa, una pareja oriunda de General Pinto, Buenos Aires, vinculada a la firma San Pablo Oeste SA, quienes continúan imputados en la causa. “Se sospecha que los animales fueron recibidos con conocimiento de su procedencia ilícita, con el objetivo de evitar su hallazgo y posterior incautación por parte de la Justicia”, indicó el fiscal a los colegas pampeanos.
Finalmente, el funcionario judicial confirmó que los vacunos secuestrados fueron trasladados, con autorización judicial, a un campo ubicado en Fortuna, San Luis, donde quedaron bajo la figura de depositarios judiciales a cargo de la empresa denunciante. Además, anticipó que la causa continúa en etapa investigativa. “Eventualmente, el titular del establecimiento donde se encontraban los animales podría ser citado a prestar declaración, quedando todas las partes sujetas a las resultas del proceso”, concluyó.
