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En diálogo con Camila Gómez Rodríguez y Eugenia Peiretti, abogadas del estudio Iuris, especialistas en derecho agrario, se abordó una problemática tan frecuente como sensible en las empresas familiares del campo.
“Es una realidad que se ha replicado durante muchísimos años. Históricamente, quien colaboraba en la producción terminaba recibiendo todos los beneficios, en detrimento del patrimonio de las hijas mujeres. Es una cuestión cultural que la ley hoy intenta corregir”, explicó Gómez Rodríguez.
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Las profesionales remarcaron que el derecho sucesorio argentino protege el patrimonio de todos los herederos de manera igualitaria. Sin embargo, eso no significa desconocer el esfuerzo de quien trabajó activamente en la empresa familiar. “Es lógico que quien colaboró en la producción tenga un reconocimiento por ese aporte, pero eso no implica que pueda quedarse con todo el patrimonio. La ley establece una porción legítima que corresponde a cada heredero y que no puede ser vulnerada”, señalaron.
En ese sentido, Peiretti aclaró que existen márgenes para realizar acuerdos familiares, siempre que respeten esa porción legítima: “Luego de garantizar lo que corresponde por ley, pueden celebrarse acuerdos que contemplen los aportes realizados por cada hijo en el desarrollo de la empresa”.
Uno de los puntos centrales de la charla fue la necesidad de cambiar la mirada sobre el rol del abogado, especialmente en el ámbito rural, donde históricamente predominó la confianza y los acuerdos de palabra.
“Muchas veces el productor ve al abogado como sinónimo de conflicto. Pero el abogado también cumple una función preventiva. Así como se reúne con su ingeniero agrónomo o su asesor técnico, es fundamental reunirse con un abogado para ordenar estas cuestiones a tiempo”, indicaron desde el estudio Iuris.
Las abogadas explicaron que la producción agropecuaria actual implica altos costos económicos, laborales y emocionales, por lo que contar con una estructura legal sólida es clave para evitar que conflictos familiares terminen afectando la continuidad productiva.
“Los acuerdos y contratos no garantizan que nunca haya conflictos, pero sí permiten prever situaciones, reducir riesgos y evitar que problemas personales o emocionales terminen perjudicando a toda la empresa”, subrayaron.
Finalmente, remarcaron que el objetivo siempre debe ser evitar la judicialización: “Cuando el conflicto llega a un juez, la decisión ya no está en manos de la familia. Y muchas veces, en ese proceso, se termina perjudicando la producción y a todos los que intervienen en ella”.
Desde el estudio Iuris aseguran que la clave está en anticiparse, dialogar y construir acuerdos con respaldo jurídico, para cuidar no solo el patrimonio, sino también los vínculos familiares y la continuidad de las empresas agropecuarias.
